El presidente Rumen Radev devolvió para una nueva consideración en el Parlamento las enmiendas del Código Procesal Civil, realizadas el 11 de septiembre mediante las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Abogacía. El veto del presidente es al nuevo marco legal del llamado "representante especial". Es un abogado designado de oficio en diversos casos con arreglo a las normas de la Ley de asistencia jurídica. Puede representar a niños menores de edad, personas sin domicilio, etc. Según el presidente, los diputados quitaron al tribunal la autoridad para determinar el importe de la remuneración de los representantes especiales y los asignaron a los colegios de abogados locales. Según Radev, esto viola las reglas del libre mercado y contradice la legislación de la UE que prohíbe a las asociaciones de proveedores de determinados servicios fijar sus propios precios. Además, existen ciertos riesgos de retrasar los procesos judiciales y obstruir el acceso a la justicia.